Madrid 13 de febrero de 2025. Alfonso Galdón, presidente de Valores, ha denunciado hoy la imposición del valenciano como requisito obligatorio en las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. La reciente Orden 1/2025, de 28 de enero, que convoca el procedimiento selectivo de concurso-oposición para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en diversos cuerpos docentes, mantiene este requisito discriminatorio.

La Ley 1/2024, en la que se apoya esta orden de convocatoria y que fue aprobada por el gobierno de PP y Vox, sigue la senda de otras Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco, Galicia e Islas Baleares, donde el uso de las lenguas cooficiales se ha impuesto como barrera para la participación en la vida pública y política. Tres de esas comunidades están gobernadas por el Partido Popular (Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia), mientras que las otras dos están bajo gobiernos de coalición con los separatistas: Cataluña, gobernada por los socialistas y los independentistas catalanes, y País Vasco, bajo el control de los separatistas del PNV y los herederos de ETA.

Valores considera que la Ley 1/2024 y las políticas de imposición lingüística que se derivan de ella son un golpe a la unidad nacional y una afrenta a todos los españoles que residen fuera de la Comunidad Valenciana. Este tipo de medidas, que buscan dividir a los ciudadanos en función de su conocimiento de la lengua, son un claro ejemplo de cómo se está violentando la Constitución Española en varios puntos del territorio nacional, con el fin de imponer un modelo de selección del funcionariado a partir de la lengua.

Alfonso Galdón ha declarado que el valenciano debe ser un mérito, jamás un obstáculo. “No vamos a permitir que el conocimiento de una lengua se convierta en un muro que divide a los españoles y que convierte a los opositores de fuera de la Comunidad Valenciana en ciudadanos de segunda”, ha afirmado Galdón.

Valores exige explicaciones al Gobierno Valenciano sobre la discriminación flagrante que se produce al exigir el valenciano en algunas especialidades y no en otras, como ocurre con las especialidades de Formación Profesional. Esta falta de coherencia en la legislación muestra claramente que el requisito lingüístico no es necesario para la eficacia de las funciones en muchas de las especialidades y responde únicamente a un interés ideológico que no tiene cabida en un Estado democrático.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza el principio de igualdad ante la ley, se ve violentado por esta Orden. El Gobierno Valenciano está imponiendo una discriminación por razón de lengua, excluyendo a los opositores de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS y violando su derecho a participar en igualdad de condiciones. Además, el artículo 19 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la libre circulación y residencia en todo el territorio nacional, se ve también vulnerado, ya que la imposición del valenciano impide a muchos ciudadanos de otras partes de España ejercer su derecho a acceder a la función pública.

Asimismo, el artículo 23.2 de la Constitución Española, que establece que "los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establezca la Constitución y las leyes", es claramente vulnerado por esta medida. El requisito del valenciano impone una barrera injustificada que impide el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, violando los principios fundamentales del acceso público a los cargos y funciones del Estado.

Por si fuera poco, el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos también prohíbe la discriminación por motivo de lengua, y es inaceptable que el Gobierno Valenciano siga aplicando estas políticas, que no hacen más que crear división y generar un clima de confrontación entre los ciudadanos.

Valores ha iniciado un Contencioso Administrativo para impugnar la imposición del valenciano como requisito excluyente en las oposiciones, exigiendo que se respete el principio de igualdad y que el conocimiento del valenciano sea considerado un mérito opcional y no una barrera. Además, Valores, a través de los eurodiputados del ECPM, iniciará acciones en Bruselas para corregir estos focos de desigualdad en España y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean defendidos a nivel europeo.

Valores no permitirá que los ciudadanos españoles sean tratados de manera desigual, dependiendo de su lugar de residencia. Valores seguirá luchando para que todos los ciudadanos tengan acceso a la función pública sin discriminaciones lingüísticas, y sin que se creen españoles de primera y de segunda.



Alfonso Galdón ha reafirmado el compromiso de Valores con la unidad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Valores no permitirá que políticas de imposición lingüística continúen dividiendo a los ciudadanos españoles, y luchará para que se respeten los principios de igualdad y unidad en toda España ante el inexplicable silencio de algunos partidos políticos.