Noticias y Notas de Prensa de Valores

Llega el verano y nuevamente nos bombardean con noticias inexactas, globos sonda para crear revuelo y división en la sociedad española, confrontando la enseñanza pública con la concertada. Este es un debate estéril, sin recorrido alguno, porque la enseñanza concertada es un invento del PSOE, un artificio, pergeñado desde dentro, para controlar la educación privada que se daba en España en los años ochenta y que tanto molestaba, y molesta, a los «amigos de la libertad de expresión, de pensamiento, de credo...». Las dificultades presupuestarias de esos años para construir colegios públicos y aumentar, por tanto, las plantillas de profesorado, con el objetivo de detraer alumnos de la privada, hicieron que los más abyectos ideólogos de la izquierda española disfrazaran de cordero al 'leviatán marxista', ideando un sistema de subvención voluntaria, llamada 'concierto', para asegurarse así la entrada en los colegios en cualquier momento y comenzar así a implantar su agenda ideológica. Ya lo dijo François Miterrand: «... hoy para hacer la revolución no hay que asaltar el Palacio de Invierno, sino que basta con asaltar la escuela». Pusieron el caramelo envenenado en la puerta del colegio, el 'concierto', y una gran parte de la 'chiquillería intelectual' de la escuela privada de entonces picó el anzuelo y se convirtieron en empresas subvencionadas por el Estado, presas por las nóminas de los profesores, todo hay que decirlo. Consecuencias de la digestión del dulce hemos sufrido varias, la de mayor calado y recorrido sucedió en 2007 cuando FERE pactó con Rubalcaba el asunto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en contra del criterio de los padres, representados por CONCAPA. En estos momentos no cambia mucho la cosa. Ya no es EpC, ahora es la sexualidad, la diversidad, el revisionismo histórico y otros temas controvertidos para la sociedad española y para los que no hay un consenso, y nuevamente se vuelve a apretar con los conciertos, con la diferencia de que, de un tiempo a esta parte, la resistencia es menor. Llegado a este punto creo que todos convendremos en que somos los padres quienes educamos a nuestros hijos y que delegamos, por unas horas, en los colegios y sus profesionales, la instrucción académica. No menos cierto es que cada centro educativo tiene su idiosincrasia y modelo educativo propio, adaptado a sus alumnos, o al menos, debería ser así. He aquí donde entra el Cheque Escolar, la herramienta que permite a los padres elegir el modelo educativo que quiere, público o privado, y que, además, quita de la ecuación al mediador que en su día prefería el PSOE... empresas privadas representadas por dos o tres patronales y poco más... teniendo bien lejos a los padres y controlados por estos a través de las APAS, para que se desfoguen. Un ejemplo es el 'pin parental', fuimos los padres los que organizamos esa manifestación en Murcia y salimos a la calle sin el apoyo oficial de las patronales de la enseñanza, quienes también nos negaron el derecho a informar a las APA. El Cheque Escolar permite que la gestión virtual del coste de una plaza escolar para el Estado la pueda realizar la familia del alumno todos los años y no los colegios, que corren el riesgo, y así se ha visto con algunos, de acomodarse. Hay concertados con treinta alumnos por aula y otros, igualmente concertados, con veinte, generando así diferencias que encienden, con razón, a los padres de la escuela pública que ven cómo sus hijos asisten a clases masificadas, llevando ello a una peor calidad de la enseñanza pública. Por tanto, la solución es el Cheque Escolar. Mismo dinero 'virtual' para cualquier alumno y que sea elección de los padres llevarlos a uno u otro sistema, público o privado. Si el privado es más caro que el cheque, serán los padres los que deban pagar esa diferencia, y además, esto sería una práctica legal, no como las cuotas que los concertados emiten, opcionales eso sí, porque el concierto no les da ni para el cincuenta por ciento de los gastos corrientes del centro. Los centros educativos que hacen bien las cosas nada tienen que temer, pues cobrarían en función de los padres que depositáramos nuestro Cheque, que repito, es un derecho constitucional y que tendría para el Estado el mismo coste que el de una plaza pública. Si somos demócratas, creemos en la libertad y respetamos al otro, es de justicia que podamos elegir y que el dinero que el Estado se gasta en nuestros hijos sea el mismo vaya a uno u otro colegio... no olvidemos que ese dinero sale de nuestros impuestos.  Gracias. .

Madrid 13 de febrero de 2025 . Alfonso Galdón, presidente de Valores, ha denunciado hoy la imposición del valenciano como requisito obligatorio en las oposiciones convocadas por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. La reciente Orden 1/2025, de 28 de enero, que convoca el procedimiento selectivo de concurso-oposición para el ingreso y la adquisición de nuevas especialidades en diversos cuerpos docentes, mantiene este requisito discriminatorio. La Ley 1/2024, en la que se apoya esta orden de convocatoria y que fue aprobada por el gobierno de PP y Vox, sigue la senda de otras Comunidades Autónomas como Cataluña, País Vasco, Galicia e Islas Baleares, donde el uso de las lenguas cooficiales se ha impuesto como barrera para la participación en la vida pública y política. Tres de esas comunidades están gobernadas por el Partido Popular (Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia), mientras que las otras dos están bajo gobiernos de coalición con los separatistas: Cataluña, gobernada por los socialistas y los independentistas catalanes, y País Vasco, bajo el control de los separatistas del PNV y los herederos de ETA. Valores considera que la Ley 1/2024 y las políticas de imposición lingüística que se derivan de ella son un golpe a la unidad nacional y una afrenta a todos los españoles que residen fuera de la Comunidad Valenciana. Este tipo de medidas, que buscan dividir a los ciudadanos en función de su conocimiento de la lengua, son un claro ejemplo de cómo se está violentando la Constitución Española en varios puntos del territorio nacional, con el fin de imponer un modelo de selección del funcionariado a partir de la lengua. Alfonso Galdón ha declarado que el valenciano debe ser un mérito, jamás un obstáculo. “No vamos a permitir que el conocimiento de una lengua se convierta en un muro que divide a los españoles y que convierte a los opositores de fuera de la Comunidad Valenciana en ciudadanos de segunda”, ha afirmado Galdón. Valores exige explicaciones al Gobierno Valenciano sobre la discriminación flagrante que se produce al exigir el valenciano en algunas especialidades y no en otras, como ocurre con las especialidades de Formación Profesional. Esta falta de coherencia en la legislación muestra claramente que el requisito lingüístico no es necesario para la eficacia de las funciones en muchas de las especialidades y responde únicamente a un interés ideológico que no tiene cabida en un Estado democrático. Desde el punto de vista constitucional, el artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza el principio de igualdad ante la ley, se ve violentado por esta Orden. El Gobierno Valenciano está imponiendo una discriminación por razón de lengua, excluyendo a los opositores de otras COMUNIDADES AUTÓNOMAS y violando su derecho a participar en igualdad de condiciones. Además, el artículo 19 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la libre circulación y residencia en todo el territorio nacional, se ve también vulnerado, ya que la imposición del valenciano impide a muchos ciudadanos de otras partes de España ejercer su derecho a acceder a la función pública. Asimismo, el artículo 23.2 de la Constitución Española, que establece que "los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establezca la Constitución y las leyes", es claramente vulnerado por esta medida. El requisito del valenciano impone una barrera injustificada que impide el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, violando los principios fundamentales del acceso público a los cargos y funciones del Estado. Por si fuera poco, el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos también prohíbe la discriminación por motivo de lengua, y es inaceptable que el Gobierno Valenciano siga aplicando estas políticas, que no hacen más que crear división y generar un clima de confrontación entre los ciudadanos. Valores ha iniciado un Contencioso Administrativo para impugnar la imposición del valenciano como requisito excluyente en las oposiciones, exigiendo que se respete el principio de igualdad y que el conocimiento del valenciano sea considerado un mérito opcional y no una barrera. Además, Valores, a través de los eurodiputados del ECPM, iniciará acciones en Bruselas para corregir estos focos de desigualdad en España y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean defendidos a nivel europeo. Valores no permitirá que los ciudadanos españoles sean tratados de manera desigual, dependiendo de su lugar de residencia. Valores seguirá luchando para que todos los ciudadanos tengan acceso a la función pública sin discriminaciones lingüísticas, y sin que se creen españoles de primera y de segunda.  Alfonso Galdón ha reafirmado el compromiso de Valores con la unidad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Valores no permitirá que políticas de imposición lingüística continúen dividiendo a los ciudadanos españoles, y luchará para que se respeten los principios de igualdad y unidad en toda España ante el inexplicable silencio de algunos partidos políticos.

Nota de Prensa Galdón: " Quiero que Puerto Rico se convierta en la 18ª CCAA de España." Madrid, 28 de enero de 2025 El partido político Valores, presidido por el hispanista Alfonso Galdón, ha presentado una ambiciosa propuesta para la integración de Puerto Rico como la 18ª Comunidad Autónoma de España, dejando atrás su estatus actual como Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Según Galdón, esta iniciativa responde al compromiso histórico, cultural y lingüístico que une a España con Puerto Rico, destacando que "el vínculo entre ambos territorios es innegable y su regreso a la soberanía española supondría una oportunidad única para fortalecer los lazos históricos y culturales, así como para proporcionar a los ciudadanos puertorriqueños una identidad europea". Alfonso Galdón ha subrayado que Puerto Rico formó parte de la Corona Española durante más de cuatro siglos y que la identidad puertorriqueña sigue profundamente influenciada por su herencia española. La incorporación como Comunidad Autónoma permitiría a Puerto Rico integrarse en el marco de la Unión Europea, accediendo a recursos y oportunidades que potenciarían su desarrollo económico y social. Valores defiende que la propuesta supone un acto de justicia histórica, reparando las nefastas consecuencias del Tratado de París de 1898, por el cual España cedió Puerto Rico a Estados Unidos tras la guerra hispano-estadounidense arrebatando la ciudadanía española recogida en la Constitución, un acto jurídico ilegal que habría que revertir urgentemente. De acuerdo con el proyecto presentado por Valores, Puerto Rico adoptaría el sistema autonómico español, manteniendo su lengua y tradiciones, al tiempo que se integraría plenamente en las estructuras políticas, económicas y sociales de España. "Puerto Rico se convertiría en un pilar clave dentro de España y de Europa, trayendo consigo una riqueza cultural única y una oportunidad histórica para corregir errores del pasado", afirmó Galdón. El partido Valores propone llevar a cabo una consulta popular en Puerto Rico, en la que los ciudadanos puedan decidir su futuro, respetando su derecho de autodeterminación. Con esta propuesta, Valores busca iniciar un debate nacional e internacional sobre el papel de España en el mundo hispano y la necesidad de recuperar la unidad de antaño de la Hispanidad.

Toledo, 7 de enero de 2025 El presidente de VALORES en Castilla-La Mancha y Secretario Nacional de Educación y Familia, Pedro José Caballero , pone de manifiesto el malestar y la indignación de todo el partido tras los hechos ocurridos durante la retrasmisión de las campanadas de fin de año en la televisión pública española. Con el respaldo de todos los Presidentes Regionales de “VALORES”; José Antonio Mercader por Región de Murcia, Andrés Ortiz por Comunidad Valenciana, Fernando M. Gracia por Andalucía, Sofia Muñoz por Castilla y León, Rodolfo Espina por Principado de Asturias y Jose Luis Tendero por Cantabria, y siguiendo la línea marcada por nuestro partido a nivel nacional y su presidente Alfonso Galdón, queremos expresar nuestra más profunda indignación y repulsa ante los hechos ocurridos durante la retrasmisión de las campanadas de fin de año en TVE. Es inaceptable que, en una televisión estatal, que pertenece a todos los ciudadanos y pagada con los impuestos de todos los ciudadanos, se recurra a la ridiculización de la figura del “Sagrado Corazón” con el objetivo de aumentar la audiencia o de competir en mediocridad y chabacanería. Este tipo de burlas y ofensas hacia las creencias religiosas no solo hieren a millones de cristianos, sino que también atentan contra el derecho fundamental de la libertad religiosa, pilar básico de una sociedad verdaderamente tolerante e inclusiva como la nuestra.  Resulta profundamente incongruente que, una parte de la sociedad y de los políticos que proclaman valores como la inclusión, la tolerancia y el respeto a la diversidad, se realicen acciones tan ofensivas contra aquellos que no comparten su misma forma de pensar. Este doble estándar no solo mina la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa una dinámica de exclusión y falta de empatía hacia quienes profesan creencias distintas. Además, vivimos en una era donde se trivializa lo profundo y se profundiza en lo trivial, dejando de lado el respeto y la seriedad que temas tan relevantes como la libertad religiosa merecen. La libertad religiosa y el respeto a las creencias de cada ciudadano y cada familia son valores esenciales para garantizar la convivencia en una sociedad plural y diversa como la nuestra. Una televisión pública debe ser un referente de tolerancia, diversidad y respeto, y no un altavoz de mensajes que fomenten la división, el odio y la ofensa, así como la falta de sensibilidad hacia las convicciones de millones de españoles. Por ello, instamos a TVE, así como a los presentadores David Broncano y Lalachus, a que rectifique y pidan disculpas públicas a todos los creyentes y a la sociedad en general, por las ofensas emitidas en un día tan señalado como el fin de año. Este gesto no solo sería una muestra de responsabilidad, sino también un compromiso de la televisión pública y de sus trabajadores con la defensa de los valores democráticos y la convivencia pacífica. La libertad de expresión de uno termina donde empieza la libertad del otro, y esto hay personas que aun no lo saben o practican. Como cristianos y defensores de los valores fundamentales, seguiremos trabajando para que la libertad religiosa y el respeto mutuo sean principios irrenunciables en nuestra sociedad.

Hay muchas formas de defender el derecho a la vida del no nacido, pero parece que el PSOE no está dispuesto a implementar ninguna. Incluso aunque ideológicamente le beneficie. Bien sea por incompetencia o por dejación de funciones (el Gobierno está en otras cosas que poco tienen que ver con el bien de la nación), lo cierto es que el acceso a la vivienda se ha convertido en imposible para una parte significativa de los españoles. Las causas son múltiples, pero, a la hora de identificar al máximo responsable de este desastre, basta con preguntarse: ¿quién lleva varios años gobernando?, o preguntar: ¿cuántas viviendas protegidas, de los cientos de miles que prometió Sánchez, ha entregado?, o ¿qué medidas (eficaces) tomó antes de que la vivienda se convirtiera en el principal problema de España? Y las consecuencias son terribles, y no solo para el bolsillo de los perjudicados: ¿Cuántos proyectos familiares tienen que aplazarse? ¿Cuántos bebés, tan necesitados en España, dejan de concebirse? Y ¿cuántos abortos son una lamentable consecuencia del alto precio de la vivienda, junto con la práctica ausencia de ayudas gubernamentales? La muy escasa protesta social en las calles apunta a que parece que no se quiere ver este problema en su verdadera magnitud. Y esto incluye a todos los partidos del arco parlamentario, tanto de la oposición como los que apoyan al gobierno, y también los sindicatos. Y es que el problema de la vivienda se ha convertido en un problema urgente y de primera magnitud. Probablemente en el principal problema de España en la actualidad. En palabras de nuestro presidente, Alfonso Galdón, el partido Valores está aquí para luchar por la justicia y el bien común. Por eso denunciamos este problema y la indiferencia de los demás partidos al respecto. Y es que, a veces, hacen y dicen algo, pero parece que, con la boca pequeña, sin ser conscientes de toda la tragedia social que conlleva. Juan Antonio Secretaría de Vida y Dignidad Humana. Partido Valores

En las últimas semanas, los ciudadanos de Ribamontán al Monte y más concretamente de la Junta Vecinal de Las Pilas han mostrado su enorme preocupación ante el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de purines y generación de biogás que la firma Verdalia Bioenergy, del gigante financiero Goldman Sachs, tiene previsto ejecutar en la zona de Hazas de Cesto, afectando a todos los municipios colindantes, así como a sus ciudadanos. Muchas han sido las voces que se han levantado, entre ellas las de Valores Cantabria, sumándose a las preocupaciones de los vecinos afectados, y no pocas han sido las instituciones que han hecho, o están haciendo, oídos sordos ante dichas inquietudes. Ahora bien, ¿existen motivos reales de preocupación? Desde Valores creemos que efectivamente si existen motivos fundados para que los ciudadanos de la zona estén, como poco, nerviosos. No cabe duda de que las plantas de biogás pueden ofrecer algunos beneficios de interés, como la generación de energías renovables, principalmente electricidad y calor. También deberían ayudar en la gestión de determinados residuos orgánicos, como desechos agrícolas o de alimentos. En teoría, la digestión anaeróbica por la cual los residuos se transforman en gas produce digestato, un subproducto que puede ser utilizado como fertilizante. Así mismo, la descomposición controlada de residuos reduce la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de energía puede reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la autonomía energética. Ahora bien, este escenario idílico tiene una “cara b” que no es tan “maravillosa”, y es aquí a donde se pretende llegar con la movilización ciudadana. Es ese “lado oscuro de la luna” del cual nadie quiere, o nadie le interesa hablar, y que es la base de las reclamaciones que, desde el ayuntamiento regido por Joaquín Arco, y por la alcaldesa pedánea Montserrat Pérez, se están haciendo al proyecto, y que toda la ciudadanía debe conocer para poder entender la creciente preocupación de sus vecinos. En primer lugar, la generación de biogás a través de la combustión de residuos orgánicos conlleva la liberación de metano y dióxido de carbono, que afectan directamente a la atmósfera. En concreto, el metano, si bien tiene un ciclo de vida más corto que el dióxido de carbono, cuenta con un poder de calentamiento 80 veces mayor que éste, y es el responsable directo del aumento de casi un 30% del aumento global de las temperaturas. En segundo lugar, la descomposición de materia orgánica emite una gran cantidad, y variedad, de olores bastante desagradables, que aumentan con el uso de la propia planta por la acumulación de residuos. Por otro lado, si los efluentes, los restos de esa descomposición, no son tratados correctamente, existe un más que evidente y alto riesgo de contaminación de ríos y fuentes de aguas cercanas, así como de afectar a la calidad propia del agua debido al uso de componentes químicos para su gestión. El biogás es un gas inflamable, por lo que existe un elevado riesgo de explosión en la planta de tratamiento en caso de producirse fallos en los sistemas de almacenamiento y transporte del mismo, lo cual hace que se requiera de un personal altamente capacitado y especializado tanto para las operaciones propias, como para el mantenimiento y operación de la planta. Finalmente, la operación de la planta depende de un suministro constante de materia orgánica, que será mayor a mayor volumen de gas que se desee generar. Esto implica, necesariamente, que la construcción, operación, suministro y mantenimiento de la planta van a requerir, de manera constante, de una elevada cantidad de recursos energéticos, principalmente agua y energía, humanos, logísticos (camiones, vehículos…) que pueden tener, y de hecho tienen, un impacto medioambiental considerable que todas las instituciones implicadas en este proyecto deben tener en cuenta, y valorar cómo puede afectar una planta de estas características en el entorno de Las Pilas. Desde Valores, partido dirigido a nivel nacional por Alfonso Galdón, y representado en Cantabria por nuestro presidente, José Luis Tendero, apostamos por la defensa, el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente, por la defensa de nuestros ríos y nuestra agua, por la defensa de la agricultura y ganadería y por la apuesta por un sistema energético menos dependiente, sostenible y sostenido en el tiempo, y apoyamos y defendemos la España rural como un valor en sí mismo que debe ser puesto en alza, no como una moneda de cambio a cambio de intereses gubernamentales, industriales y financieros. Estaremos siempre del lado del bienestar de nuestros pueblos y nuestras gentes, nuestro campo y nuestro entorno. José Luis Tendero Presidente de Valores Cantabria.

En el marco de la celebración del Día de la Constitución, desde Valores, tanto su Presidente Nacional Alfonso Galdón como el secretario Nacional de Educación y Familia Pedro José Caballero , alzamos nuestra voz contra el creciente ataque a las libertades fundamentales que está promoviendo el actual gobierno de izquierdas en España. Bajo el pretexto de “control y seguridad”, se está llevando a cabo una serie de medidas que no solo vulneran la libertad de movimiento , sino también la protección de los datos personales y la intimidad de los ciudadanos. Estas políticas invasivas, que permiten la vigilancia constante y la localización de la población, representan una amenaza directa a los principios constitucionales que garantizan el derecho a la libertad , la privacidad y el libre tránsito de las personas. Mientras tanto, quienes ostentan el poder parecen estar exentos de cualquier tipo de control, actuando en beneficio propio sin rendir cuentas a la sociedad. Desde Valores, decimos basta: No a la vigilancia masiva: Los ciudadanos no pueden ser tratados como sospechosos permanentes. Sí a la protección de la intimidad: Los datos personales deben ser un derecho inviolable, no una herramienta de control político. Exigimos igualdad: Las mismas reglas deben aplicarse tanto a la ciudadanía como a quienes gobiernan. En un día como hoy, recordamos que la Constitución Española es un pacto de libertades y derechos para todos los ciudadanos. No podemos permitir que se perviertan sus principios fundacionales con medidas que instauran un estado de vigilancia y control, contrario a lo que representa una sociedad democrática. Reclamamos que la libertad de las personas vuelva a ser el eje central de nuestra convivencia. Desde Valores, hacemos un llamamiento a toda la sociedad española para que se sume a esta defensa activa de los derechos fundamentales. La libertad no es negociable. #LibertadParaTodos #DíaDeLaConstitución #ValoresPorLaLibertad